Publicado el 30 de octubre de 2026 · Equipo DiligenceCheck
La Ley N.° 29038 y sus modificatorias determinan qué personas naturales y jurídicas son sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), que forma parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Sectores comprendidos
- Empresas del sistema financiero y de seguros, emisoras de tarjetas de crédito y cooperativas de ahorro y crédito.
- Sociedades agentes de bolsa, administradoras de fondos y bolsas de valores y de productos.
- Casas de cambio, empresas de remesas y giros, de préstamo y empeño, y de financiamiento participativo.
- Empresas constructoras e inmobiliarias, y agentes inmobiliarios.
- Casinos, tragamonedas, apuestas deportivas a distancia, loterías e hipódromos.
- Empresas mineras, de insumos químicos y bienes fiscalizados, y de maquinaria pesada.
- Comercio de vehículos, embarcaciones, aeronaves, joyas, metales y piedras preciosas, arte, armas y explosivos.
- Notarios, agentes de aduana, y abogados y contadores cuando realizan determinadas operaciones por cuenta de terceros.
Qué deben implementar
- Designar a un oficial de cumplimiento.
- Contar con un sistema de prevención, con manual y código de conducta.
- Aplicar debida diligencia: conocer al cliente, identificar al beneficiario final y a las personas expuestas políticamente.
- Registrar operaciones y comunicar las operaciones sospechosas a la UIF-Perú.
- Capacitar a su personal.
¿Y si mi empresa no es sujeto obligado?
No serlo no elimina el riesgo. La Ley N.° 30424 alcanza a todas las personas jurídicas, y bancos y clientes corporativos evalúan cada vez más a sus contrapartes. Un proceso propio de debida diligencia protege a la empresa y facilita sus relaciones comerciales.
Este contenido es informativo y no constituye asesoría legal para un caso concreto.
